• La Seguridad Social financiará también los anticonceptivos más avanzados
• La norma garantizará que se imparta educación sexual en todos los colegios
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PATRICIA MARTÍN / FIDEL MASREAL
MADRID
La izquierda ha logrado introducir cambios en la reforma de la ley del aborto que, a juicio del diputado republicano Joan Tardà, «acercan más el proyecto a una ley de derechos sexuales, reproductivos y afectivos que a una simple ley de interrupción del embarazo». IU-ICV y ERC han logrado, por ejemplo, que el Gobierno acepte que el personal sanitario pueda negarse a practicar abortos por motivos éticos, pero solo los profesionales que participen directamente en la intervención y de forma que en ningún caso se dificulte el derecho a la mujer a abortar.
Para ello, uno de los acuerdos alcanzados con el PSOE consiste en reforzar las garantías de que el sistema de salud pública se hará cargo de las intervenciones. Gaspar Llamazares (IU) explicó en rueda de prensa que el Ministerio de Justicia se oponía a reconocer el derecho de los profesionales a objetar, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional les da esa posibilidad, lo que ha permitido que apenas el 2% de las interrupciones se realicen en centros públicos. Basta la negativa del jefe del servicio de ginecología a realizar la operación para que la mujer sea derivada a una clínica privada. La reforma trata de corregir esta disfunción, pero obviaba el derecho de los médicos.
Por eso varios grupos, entre ellos la izquierda, solicitaban la creación de un registro de objetores con el fin de «acotar un boicot hasta ahora colectivo» por un rechazo «individual», según Llamazares. De hecho, la enmienda pactada con el PSOE establece que «solo el cirujano, la enfermera que le ayude y pocos más» podrán objetar y deberán comunicarlo antes por escrito.
LA EDUCACIÓN / La izquierda también ha logrado reducir de dos a uno el número de especialistas que deben determinarán si una mujer puede abortar por riesgo para el feto o para ella misma entre la semana 14 y 22. Asimismo, la ley incorporará que los anticonceptivos más modernos se incluyan en el sistema nacional de salud, de forma que la Seguridad Social financie como mínimo una parte. ICV y ERC están presionando para que píldoras de última generación, parches y anillos vaginales sean gratuitos para determinados colectivos, pero el Gobierno todavía no ha dado su brazo a torcer dado debido al alto coste de la propuesta.
El pacto entre la izquierda y el PSOE, que previsiblemente se materializará hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso, incluye además que se garantice la educación sexual en todos los niveles educativos y de forma curricular y que médicos y enfermeras, no solo los ginecólogos, reciban información específica de cómo practicar abortos.
El PSOE seguía negociando ayer con el PNV el texto del aspecto más controvertido de la norma. Los socialistas aceptan la petición de que jóvenes de 16 y 17 años informen a sus padres, pero siempre que ellas tengan la última palabra.
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